Seis informes fueron presentados al relator de pueblos ind�genas de la ONU
Con la firma de numerosos organismos entre los que se encuentra el Defensor del Pueblo de la Nación, el CELS y el SERPAJ, se presentó un informe de 44 carillas al relator especial de pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
En una síntesis de los problemas que se denuncian, y en el caso específico sobre la violencia institucional en casos reivindicación de los derechos territoriales, ponen de ejemplo el caso formoseño de La Primavera: “En noviembre de 2010, integrantes de la comunidad indígena toba Potae Napocna Navogoh- La Primavera- realizaron un corte de una ruta nacional en la provincia de Formosa en reclamo por la restitución de sus tierras.
Como consecuencia, se desató una feroz represión policial que causó la muerte de Roberto López y graves heridas a Samuel Garcete, decenas de heridos de variable gravedad, detenciones prolongadas y continuó con la quema de las viviendas junto a las pertenencias de los miembros de la comunidad.
Esta comunidad, viene hace años reclamando a la provincia y a la nación el cumplimiento efectivo de su derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras indígenas sin obtener resultados.
Al día de la fecha, la comunidad no puede acceder a una parte de su territorio porque se encuentra ocupado por terceros no indígenas, a otro sector porque allí se delimitó el Parque Nacional Río Pilcomayo y a otra área que ha sido cedida a una Universidad Nacional”
En cada punto que describen, los firmantes presentaron recomendaciones específicas.
FORMOSA
En un anexo al documento central, de los 133 casos del país, seis pertenecen a nuestra provincia:
COMUNIDADES EL DESCANSO Y CAMPO DEL CIELO
“Está integrada por 130 personas y habita la zona del Bañado la Estrella, de donde obtienen parte de sus alimentos. A pesar de contar con título de propiedad comunitario, en 1997 el gobierno ingresó a sus parcelas y comenzó a cavar profundos canales para derivar aguas del bañado. La obra de infraestructura perjudicó radicalmente la vida de los pilagá.
Las obras de infraestructura, con canales de hasta seis metros de profundidad y diques de tierra que inundan espacios comunitarios, le significaron a la comunidad un impacto negativo en la disponibilidad de recursos –sobre todo peces–, le implicaron el talado de árboles y, sobre todo, la inundación de casi la mitad de las tierras, incluido el cementerio de la comunidad.
Aquí no se cumplió tampoco el proceso de consentimiento libre, previo e informado y a su vez, una indemnización por daños a la propiedad comunal. En 2004 presentaron un recurso ante la Corte Suprema y reclamos administrativos, posteriormente recibieron presiones para retirar los reclamos”.
LA PRIMAVERA
“La Colonia Toba La Primavera, perdió miles de hectáreas en las últimas décadas a manos de criollos y organismos del Estado. El Estado Nacional le otorgó el título de propiedad a través del Decreto Nacional 80.513/1940. Sin embargo el título, no abarca la totalidad del territorio. A eso se le suma que luego se creó el Parque Nacional Río Pilcomayo cuya extensión se superpone con parte del territorio comunitario y que la provincia de Formosa (cuya creación fue posterior al decreto 80.513/1940) consintió la ocupación de parte del territorio comunitario por familias criollas y, en lugar de reivindicar el territorio ocupado por los criollos, “compensó” a la comunidad otorgándole una porción de territorio cuya titularidad se encontraba discutida entre la provincia y el Parque Nacional.
La CIDH solicitó al Estado argentino que garantice “la integridad física” de sus miembros. El 23 de noviembre, de 2010 tras un corte de ruta, murieron el indígena Roberto López y el policía Heber Falcón. Los miembros de la comunidad tienen iniciadas causas por usurpación, atentado a la autoridad y doble homicidio.”
COMUNIDAD WICHÍ DE INGENIERO JUARÉZ
“En el 2009 realizó un corte de ruta en reclamo de acceso a derechos básicos. El corte fue levantado luego de que el Asesor de Gobierno de la Provincia de Formosa se comprometiera – a través de un acta suscripta por él y los miembros de la comunidad - respecto de la educación, la salud, la construcción paulatina de viviendas y el otorgamiento de planes sociales para los miembros de la comunidad.
Ante el incumplimiento de lo prometido en aquella ocasión, la comunidad dirigió una nota al Gobernador Gildo Insfran en marzo de 2011 solicitando una mesa de diálogo para buscar solución a su problemática y le informan que para ser escuchados han decidido realizar un nuevo corte de ruta pacífico.
Se iniciaron contra los líderes indígenas Agustín Santillán y Albina Espeche, entre otros, una causa penal por infracción del artículo 194 de CPA, en la cual fueron indagados y procesados sin prisión preventiva.
El procesamiento se encuentra apelado por la Defensa Pública. En agosto de este año, el fiscal General interviniente en el expediente adhirió a la apelación presentada por la defensa”.
COMUNIDAD LA PEL EMAPEC "LOGO-LQAI"
“Tienen título de propiedad de sus tierras, pero en ellas se encuentran ocupantes criollos que hostigan a la comunidad y las denuncias que los miembros realizan ante las autoridades provinciales no tienen resultado. Hubo un conflicto entre dos criollos ocupantes del territorio, ya que -desconociendo ambos la propiedad comunitaria- uno inició contra el otro una causa por usurpación en la justicia provincial.
En el marco de esa causa se ordenó el inmediato desalojo del criollo denunciado” y/o de cualquier otra persona que se encuentre en el lugar”. Esto fue avisado a la comunidad por la familia que inició la causa por usurpación con el objeto de que se retiraran. El Juzgado interviniente llevó a cabo el desalojo del criollo demandado pero no respecto de los miembros de la comunidad. Sin embargo, la comunidad continúa teniendo muchos problemas con el resto de los criollos que ocupan el territorio”.
COMUNIDAD COLONIA BATOLOMÉ DE LAS CASAS
“Los integrantes de la comunidad cortaron la Ruta Nacional Nº 81 en septiembre de 2011 en reclamo de sus derechos fundamentales y de planes sociales que les permitan atenuar la situación actual de falta de acceso a dichos derechos.
En virtud del corte de ruta realizado, se inició en la justicia federal de la provincia de Formosa una causa penal contra los miembros de la comunidad que llevaron a cabo dicha medida de fuerza, en la cual se les imputa la infracción del artículo 294 del Código Penal Argentino.
Dos indígenas que figuran en el expediente como “los principales referentes” y “representantes” de la comunidad fueron indagados en el mes de octubre del año 2011, estando actualmente a la espera de que el juez interviniente resuelva su situación procesal.
Ambos miembros de la comunidad son defendidos en la causa por la Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Provincia de Formosa. Se les entregó un título de propiedad que no abarca la totalidad de su territorio”.
Agencia PSR
La situación de los derechos de los pueblos originarios en Formosa en un informe presentado al relator de la ONU que visita nuestro país.