Bolatti cuestiona el aumento moderado y advierte sobre posibles irregularidades en la nueva Ordenanza Tributaria.
El concejal opositor Fabricio Bolatti se refirió al proyecto de Ordenanza Tributaria 2026 presentado por el intendente Roy Nikisch, que propone un incremento promedio del 10% en los tributos municipales.
Según el edil, el aumento “resulta llamativo” frente a los incrementos aplicados durante 2025, cuando —según denunció— las tasas subieron un 90%, los impuestos un 80% y las patentes un 100%.
“Este nivel de incremento moderado podría responder a dos motivos: compensar los aumentos excesivos del año pasado o enviar un mensaje al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que aún debe resolver la legalidad de la Tributaria 2025”, señaló Bolatti.
Una ordenanza bajo la lupa judicial
Bolatti recordó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la Ordenanza Tributaria 2025, tras una presentación realizada por cinco concejales opositores (Bolatti, Masin, Monzón, Villagra y Sánchez).
“A pesar de que la sentencia está firme, el Municipio continúa aplicando la norma anulada, lo que constituye un acto de desobediencia judicial”, advirtió el edil.
Explicó además que, de acuerdo con la Ley N° 877-B, las sentencias de amparo deben cumplirse de inmediato, incluso si se presentan recursos. En este caso, la apelación del Municipio tiene solo efecto devolutivo, por lo que no suspende la aplicación del fallo.
La estrategia de la “causa abstracta”
El intendente Nikisch apeló al Superior Tribunal de Justicia, argumentando que el caso ya no tiene sentido porque la ordenanza cuestionada “no está vigente”.
Este argumento —basado en la figura de la “causa abstracta”— ya fue validado por el STJ en fallos de 2020 y 2021, evitando pronunciamientos de fondo sobre la constitucionalidad de normas tributarias vencidas.
Sin embargo, Bolatti cuestionó esa interpretación:
“Una norma tributaria anual puede dejar de generar nuevas obligaciones, pero sigue teniendo efectos sobre hechos ocurridos durante su vigencia. El Municipio la sigue aplicando para cobrar tributos e incluso inicia juicios basados en ella. Esa contradicción erosiona la seguridad jurídica”, afirmó.
Vicio de origen y perjuicio al contribuyente
Para el concejal, el problema de fondo es que el Municipio sigue cobrando tributos bajo una ordenanza declarada nula, afectando directamente a los vecinos.
“El recurso ante el STJ no debería discutir la vigencia futura de la norma, sino el hecho de que ya fue declarada inconstitucional. Una vez firme esa nulidad, la Justicia debe analizar si su creación fue legal”, sostuvo Bolatti.
Explicó además que la nulidad retrotrae la situación al momento cero, es decir, obliga a revisar si la norma se sancionó correctamente y con las mayorías necesarias.
“Aunque la ordenanza haya sido reemplazada, el perjuicio a los contribuyentes persiste. Declarar la causa abstracta deja impune la ilegalidad y convalida aumentos aplicados sin sustento legal”, advirtió.
Riesgo institucional y seguridad jurídica
El edil opositor alertó sobre el riesgo institucional de convalidar ordenanzas ilegales por vía judicial:
“Si el STJ evita pronunciarse sobre la legalidad de fondo, se debilita el control institucional. En la práctica, se permite que una minoría de concejales o la Presidencia del Concejo aprueben normas sin respetar los procedimientos.”
Según Bolatti, aplicar el criterio de “causa abstracta” anula los efectos de los fallos de Cámara y legitima prácticas ilegales que perjudican a los contribuyentes.
“La seguridad jurídica se resquebraja cuando el máximo tribunal evita definir si los cobros realizados fueron legales. Esto mina la confianza en las instituciones y vulnera los derechos de los ciudadanos”, concluyó.
